Fiscalía Superior Investiga al Juez Eliot Zamalloa por Prevaricato en Caso Belmond en Machupicchu

Cusco,  La Primera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones del Cusco ha iniciado una investigación formal contra el juez civil Eliot Zamalloa Cornejo por el presunto delito de prevaricato,tras emitir una controvertida medida cautelar que favorece a la empresa Perú Belmond Hotels S.A., actualmente en disputa por la administración del Hotel Sanctuary Lodge ubicado en Machupicchu.

Fallo bajo sospecha: ¿protección laboral o exceso judicial?

En febrero de 2025, el juez Zamalloa Cornejo ordenó al Gobierno Regional del Cusco permitir que Belmond continúe con la operación del hotel, a pesar de que su contrato de concesión había vencido el 16 de mayo. La medida fue justificada por el magistrado bajo el argumento de proteger la estabilidad laboral de 300 trabajadores, aunque todos están contratados directamente por la empresa privada y no por el Estado.

Sin embargo, esta decisión fue revocada el 16 de abril por la jueza titular Fanny Pérez, quien declaró improcedente el recurso de amparo interpuesto por Belmond, dejando en claro que no se vulneraron derechos constitucionales y que la responsabilidad sobre el personal recae exclusivamente en la empresa.

Dos denuncias fiscales acumuladas contra el juez Zamalloa

La investigación, liderada por el fiscal superior Walter Becerra, agrupa dos denuncias formales:

• Carpeta N.° 56-2025: presentada por la Procuraduría del Gobierno Regional del Cusco.

• Carpeta N.° 66-2025: interpuesta por el consejero regional Macedo Rueda.

Ambas denuncias acusan al juez de actuar fuera del marco legal y de ignorar el interés público al favorecer a la empresa Belmond Hotels. La Fiscalía ha dado un plazo de 120 días para esclarecer los hechos y ha solicitado a Zamalloa un informe de descargo y la entrega de copias certificadas del proceso judicial.

Belmond busca prolongar su permanencia en Machupicchu por vía judicial

Mientras tanto, Belmond Hotels S.A. ha optado por una nueva estrategia legal: el 12° Juzgado Civil de Lima, a cargo de la jueza Sylvia Llaque Napa, emitió otra medida cautelar que permite a la empresa seguir operando el hotel mientras se resuelve un arbitraje donde exigen una prórroga de 64 meses por pérdidas económicas ocasionadas por la pandemia y protestas sociales, que alcanzarían los USD 11 millones.

Frente a esta nueva maniobra legal, la Procuraduría Regional del Cusco, con el respaldo del Ministerio de Transportes, presentó una oposición formal, aunque aún no hay respuesta por parte del Poder Judicial.

Un caso emblemático de justicia, intereses privados y patrimonio nacional

El caso genera gran preocupación entre autoridades y ciudadanía cusqueña, quienes exigen recuperar el hotel, pues pone en juego el manejo del patrimonio turístico de Machupicchu, una zona de altísimo valor económico y cultural.