Indiferencia y solidaridad con La Convención

Ya van trece días de huelga indefinida de la provincia de La Convención y recién hoy la Presidencia del Consejo de Ministros comunica que enviará para este martes 09 de setiembre una comisión de alto nivel a la ciudad del Cusco, a dialogar con los principales dirigentes sociales y autoridades regionales cusqueñas, a fin de encontrar solución a la problemática, o mejor dicho problemáticas, del pueblo convenciano.

Con esta decisión ha quedado demostrado, una vez mas, que el gobierno central y el presidente de la República Ollanta Humala actúan de manera tal que poco o nada les interesa la prevención de este tipo de conflictos sociales, y en segundo lugar, actúan indiferentemente ante el clamor de la población que tiene que lidiar con el costo social para recibir una respuesta y/o atención a sus exigencias.

¿Es esto justo? Claro que no lo es, es injusta la muerte de un adolescente de 17 años que perdió la vida protestando y llevando el clamor de sus padres y conciudadanos convencianos. Es injusto el fallecimiento del alcalde de Kepashiato, de quien se dijo estaba inmerso en actos ilícitos como el tráfico ilícito de drogas, o por lo menos se hizo concebir esa idea a través de los medios nacionales, cuando él es otra víctima inocente de la indiferencia del presente régimen de turno.

A Rosalío Sánchez no le intervinieron con la droga en su vehículo, mucho menos en posesión de estupefacientes, fue obligado por la Policía a subir a un vehículo que tenía el cargamento de droga proveniente del Vraem y que en extrañas circunstancias termina despistándose a las aguas del río Urubamba, a la altura del Puente Pavayoc.

Y sobre la muerte del adolescente de 17 años, ahora resulta que murió por acción no de las fuerzas policiales, sino de infiltrados entre los manifestantes que habrían disparado contra el joven luchador social convenciano en Santa Teresa, tal como señaló el Jefe de la Región Policial Sur Oriente, general Rodrigo Prada Vargas, quien en declaraciones a Cusco en Portada, sostuvo que no hay un solo policía identificado como responsable tras la muerte del adolescente.

Por estas irresponsables declaraciones, el ex sacerdote Marco Arana, quien se encuentra en Cusco reforzando la campaña de sus candidatos por Tierra y Libertad, demandó la destitución de dicho oficial al considerar muy irresponsable su postura que se asemeja a lo escuchado durante las luchas sociales en el norte peruano cuando oficiales de Cajamarca y Amazonas se escudaban en esta posición para no ser procesados y hacer que la muerte de inocentes queden impunes.

La muerte de ambos convencianos no tiene por qué quedar impune, son responsables miembros de la Policía que deben ser identificados, en el primer caso, por impulsar una intervención y obligar al alcalde a subir a un vehículo civil con cargamento de droga de donde no pudo salir cuando quedó sumergido en las aguas del Urubamba, y en el segundo caso, por disparar contra el adolescente, aunque oficiales intenten negar esta posición.

Nuestra mas completa solidaridad con un aguerrido pueblo convenciano que sabe de muchas luchas sociales, que sabe de tomar medidas radicales como la incursión al aeropuerto Velasco Astete o la toma del Qoricancha, que sabe ponerse de pie ante un gobierno que traicionó sus principios y ofrecimientos, que lucha por su dignidad a 10 años del inicio de operaciones de Camisea, sin que sea haya visto favorecido con precios justos y racionales por la venta de su gas, de ese recurso energético del que se vanagloria el Estado por su venta internacional y que prefiere no decir nada cuando escucha que el costo del balón de GLP en el Bajo Urubamba supera los 60 nuevos soles.

Carlos Carrillo Berveño