Tres bancadas del Congreso blindaron a Edgar Alarcón de la justicia

Un tipo con suerte. A puertas de las elecciones generales 2021, cuestionadas figuras como el congresista Edgar Alarcón mantienen su año de blindaje gracias a Acción Popular, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso.

El excontralor general de la República y actual congresista de Unión por el Perú (UPP), Edgar Arnold Alarcón Tejada, afronta 3 denuncias constitucionales por graves cargos de corrupción, sin sanción a la vista. Ello sin contar los procesos penales que pesan en su contra, entre los que destaca la investigación por presunto lavado de activos a través de la importación de 100 vehículos de alta gama entre los años 2002 y 2015.

Presentada el pasado 9 de julio de 2020 por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, la denuncia constitucional Nº 371 recién fue discutida por la Comisión Permanente del Congreso el pasado 5 de marzo. Casi siete meses después se aprobó por mayoría el informe que recomienda acusar y procesar judicialmente a Edgar Alarcón por presunto enriquecimiento ilícito agravado cuando se desempeñó como funcionario y Contralor General de la República.

El informe aprobado por la mayoría de la Comisión Permanente recoge las conclusiones de tres pericias realizadas a las finanzas de Alarcón, que apuntan a un claro desbalance patrimonial mientras pertenecía a la Contraloría General de la República, entidad en la inició su carrera como analista financiero en el año 1997.

Son dos los hechos imputados al congresista Edgar Alarcón: acumular un desbalance de S/ 201,337.24 entre el 9 de junio de 2016 y el 4 de julio del 2017, cuando fue Contralor general. Y haber realizado actividades lucrativas siendo funcionario de la contraloría, debido a que registra 21 ingresos de dinero a sus cuentas por S/ 275,644.90 con origen desconocido.

Pese a las evidencias que comprometen al excontralor, dos congresistas de Fuerza Popular votaron en contra de acusar constitucionalmente a Alarcón: Martha Chávez y Carlos Mesía. Y otros siete prefirieron abstenerse: Franco Salinas y Ricardo Burga, de Acción Popular; Omar Chehade, Tania Rodas y Fernando Meléndez, de Alianza para el Progreso; Carlos Almerí y María Gallardo Becerra, de Podemos Perú.

El siguiente escenario, de acuerdo al iter procesal del Reglamento del Congreso, es el Pleno, donde se debatirá y votará sobre la denuncia contra Alarcón. Cabe recordar que el delito de enriquecimiento ilícito agravado cometido por funcionario o servidor público está contemplado en el artículo 401 del Código Penal con una pena no menor 10 ni mayor de 15 años de cárcel e inhabilitación.

Más cargos

El congresista Alarcón también es investigado por la presunta comisión del delito de peculado doloso por apropiación agravada durante su ejercicio como Contralor General de la República, conforme a la denuncia constitucional Nº 372 que planteó la Fiscalía de la Nación. De comprobarse la comisión de este delito, Alarcón podría ser condenado de 8 a 12 años de cárcel e inhabilitación.

Siendo el congresista de Acción Popular, Manuel Merino, presidente de la Comisión Permanente y luego presidente del Congreso en ese entonces, el trámite de las denuncias constitucionales contra Alarcón quedó largamente postergado. A tal punto que el excontralor fue elegido como presidente de la Comisión de Fiscalización en el marco del estado de emergencia por la COVID-19.

Por su lado, la defensa legal de Alarcón busca reprogramar la audiencia en la que el congresista debía brindar sus descargos. Sin embargo, pese a que siete parlamentarios se abstuvieron de votar, el pasado 5 de abril, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso rechazó el pedido.

Denuncia en cola

A inicios de este año, la Comisión Permanente también admitió a trámite una nueva acusación constitucional contra Edgar Alarcón, por presuntamente haber recibido una coima de S/ 30,000.00 en 2016 para favorecer a la organización delictiva “Los temerarios del crimen”.

Al parlamentario se le imputa el delito de cohecho pasivo propio por sus vínculos con el exalcalde provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, cuando la Contraloría General de la República, a su cargo, debía pronunciarse sobre el embargo de las cuentas de dicha municipalidad.

En el caso también se incluye a los ex congresistas Javier Velásquez Quesquén (APRA) y José Marvin Palma (Fuerza Popular), por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, que podría terminar en 8 años de cárcel e inhabilitación. Hasta la fecha, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que preside Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), no elige al ponente que deberá presentar el informe final.

Créditos: Wayka