Contraloría alerta que 12 universidades no modificaron presupuesto para contar con recursos durante la pandemia por Covid-19

lunes, 12 octubre, 2020

Contraloría alerta que 12 universidades no modificaron presupuesto para contar con recursos durante la pandemia por Covid-19

Universidades públicas tienen S/ 70 millones para garantizar continuidad del servicio educativo y no lo utilizan

La Contraloría General alertó que doce universidades públicas a nivel nacional pueden disponer de hasta de S/ 69 millones 971 mil 538 para garantizar la continuidad del servicio educativo durante la pandemia por COVID-19, sin embargo, no realizaron las modificaciones presupuestales para poder utilizar dichos recursos..
Cuatro meses después de que el gobierno emitiera el Decreto de Urgencia N° 053-2020, las autoridades universitarias no se han acogido a esta norma, la cual autoriza a las universidades públicas, previa modificación presupuestaria, reorientar sus recursos para para financiar su operatividad y funcionamiento mediante la adquisición de bienes y/o servicios, por ejemplo, en mejorar su conectividad, equipos informáticos, tecnologías de la información u otros que resulten necesarios para garantizar la prestación del servicio educativo no presencial.
Durante los servicios de control simultáneo realizados del 10 de agosto al 7 de setiembre del 2020, las comisiones de control verificaron que universidades públicas ubicadas en Lima, Arequipa, Callao, Loreto, San Martín, Cajamarca, Ucayali, Áncash, Ayacucho, Madre de Dios, Huánuco y Cusco no implementaron medida presupuestaria alguna para asegurar el funcionamiento del servicio educativo en el marco de las acciones preventivas ante el riesgo de propagación del Covid-19.
Según los informes de control revisados, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos puede utilizar hasta S/ 29 344 667 de su presupuesto y la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa podría emplear hasta S/ 14 604 796 para financiar su operatividad y funcionamiento durante el año fiscal 2020, pero no modificaron su presupuesto para poder disponer de estos recursos.

Estas son las universidades que son observadas

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima)
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Universidad Nacional del Callao
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (Loreto)
Universidad Nacional de San Martín
Universidad Nacional de Cajamarca
Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía (Ucayali)
Universidad Nacional del Santa (Áncash)
Universidad Nacional Autónoma de Huanta (Ayacucho)
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios
Universidad Nacional Daniel Alomía Robles (Huánuco)
Universidad Nacional Diego Quispe Tito (Cusco)

La Contraloría General comunicó a los rectores de las doce universidades los hechos advertidos durante los servicios de control simultáneo a fin de que implementen las medidas correctivas orientadas a asegurar la continuidad del servicio educativo durante la pandemia por Covid-19. Los órganos de control institucional (OCI) se encargarán de realizar un seguimiento al Plan de Acción presentado por las respectivas autoridades educativas.

Universidad San Marcos
Cabe destacar que durante la Visita de Control (N° 7099-2020-CG/SADEN-SVC) realizada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Comisión de Control también constató que la entidad no realizó las nuevas proyecciones de sus ingresos y gastos para el presente año, situación que no permite disponer de información oportuna sobre los servicios que no generarán ingresos y sobre las actividades relacionadas al servicio educativo virtual que permita seguir operando. Esta información resulta relevante para proponer modificaciones presupuestarias que permitan cumplir las actividades priorizadas durante la Emergencia Sanitaria por COVID-19.

Otro hecho relevante es que no priorizaron sus actividades ni actualizaron la programación del gasto en su plan operativo, lo cual afectaría la adecuada reorientación de los recursos asignados para garantizar la continuidad del servicio educativo.

A ello se suma que no elaboró su plan de trabajo sugerido ni comunicó al Ministerio de Educación el contenido de dicho plan, el cual debía incluir los nombres de los responsables de las actividades priorizadas, el orden de prioridad de las actividades, así como las fechas en que debían prestarse los servicios y adquirirse los bienes requeridos. Esta situación afectaría el control y seguimiento de las actividades para asegurar la calidad del servicio educativo.

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