Director Regional de Salud: ¿la vida de un comunero vale tan poco?

Escribe: Pavel H. Valer Bellota

Por un mínimo de decoro político el Director Regional de Salud y el Director del Hospital Regional deberían poner sus cargos a consideración. La situación de ese nosocomio es desastrosa. Desde la entrada se percibe la condición calamitosa en la que se encuentra: infraestructura avejentada, mobiliario que no se renueva, las camas que por poco no se caen de viejas, con sábanas que alguna vez fueron blancas, el utensilio médico impropio de cualquier centro de salud decente, y la organización administrativa tan anquilosada que para conseguir una gasa hay que suscribir tantos trámites que mejor se pide a los pacientes hasta traer sus propios bisturís para sus cirugías. Una parte importante del personal médico tiene buenas voluntades pero sus esfuerzos son insuficientes y, en la práctica, parece que la salud de los ciudadanos importa poco.

Detrás de esa ruina se encuentra la desidia del gobierno del Perú para asignar los recursos necesarios para los servicios básicos que un Estado democrático debe prestar a sus ciudadanos. La salud ha sido abandonada al capital privado que ha montado servicios y clínicas privadas orientadas solo al lucro. La salud, en este esquema, es un derecho reservado solo a las personas que pueden pagar por él. Quienes no tienen la suerte de disfrutar de una billetera bien pertrechada están expuestos a la enfermedad, el sufrimiento y la muerte.

Sosteniendo esa realidad de calamidad está un concepto devaluado sobre el ser humano. Las diferencias sociales asignan a los ciudadanos valores diferentes dependiendo de su economía, su raza, su dinero, su etnia, su idioma. Para estas ideas hay ciudadanos “perfectos” que tienen los derechos completos, a los que se les debe atender adecuadamente y hay otros a los que se les presta un servicio público por “favor”, por una dádiva graciosa, como si fuera el obsequio de un bien que pertenece al funcionario público. Esta discriminación hacia los ciudadanos es impropia de una sociedad libre, abierta y democrática, es más bien característica de un esquema de pensamiento totalitario y perverso. Para esta ideología es aceptable que determinadas personas mueran si es que no son considerados ciudadanos “decentes”.

Este cuadro triste ha tenido hace unos días una víctima inocente. Ever Jaquesto Quispe un joven quechua de 22 años llegó desde Ocongate (a 5 horas del Cusco) al servicio de emergencia del Hospital Regional, desangrándose, evacuado debido a la gravedad de sus contusiones. Al parecer, el personal de salud no le prestó la debida atención por que no tenía documentos de identidad (DNI). Su padre, desesperado tuvo que viajar de vuelta a su comunidad en busca de esos documentos, regresó a la mañana siguiente. Ya era tarde: su hijo ya había fallecido.

La muerte de Ever Jaquesto Quispe no ha movido a las autoridades. Con su silencio, sin temor, legitiman la discriminación. Por consideraciones de justicia es imprescindible que las instituciones públicas reaccionen de manera firme ante estos hechos gravísimos. El Consejo Regional tendría que interpelarlos por las malas condiciones en las que se presta el servicio. El Ministerio Público debe haber ya iniciado investigación contra los servidores públicos que resulten responsables por delito de homicidio por negligencia.

Las instituciones regionales, y en especial el Presidente, deben preocuparse por la situación de la salud en Cusco cumpliendo las funciones que la ley les manda. Varios funcionarios regionales tienen responsabilidad por este hecho desgraciado y deben responder por lo que les toca. ¿O es que los comuneros no son sujetos de derechos? ¿O es que la piel de un runa vale tan poco?