Salud en riesgo: Gobierno abandona a de peruanos expuestos a metales tóxicos

La Plataforma Nacional de Afectadas y Afectados por Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas (Planametox) advierte que a más de cuatro años del Plan Especial Multisectorial (PEM) que debía atender a los peruanos afectados por metales, su implementación no ha sido efectiva y no ha llegado a las regiones perjudicadas con la contaminación de las industrias extractivas. Denuncian también que los minerales y petróleo extraídos significan ganancias para privados, mientras que las huellas de afectación y sacrificio quedan en las comunidades con metales pesados poniéndolas en riesgo, junto a las siguientes generaciones.

Por esa razón, los representantes de las 13 regiones que integran la Plataforma vienen exigiendo la ampliación del Plan Especial Multisectorial (PEM), el cual se encuentra en su quinto año de vigencia al ser aprobado en 2021 mediante el Decreto Supremo N.° 037-2021-MINAM. Pese a las diversas reuniones de coordinación, el Plan ha alcanzado apenas el 20% de su ejecución total, debido a los constantes cambios entre los responsables y representantes de los sectores a cargo.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), en 2020 se identificaron a más de 10 millones de personas están expuestas a metales pesados en 212 distritos del Perú. Sin embargo, en 2025 la exposición se ha incrementado a 339 distritos con riesgo de exposición, siendo las infancias las que se encuentran en mayor riesgo. Esta situación representa un peligro constante para la salud pública ya que la presencia de metales en el ambiente y en el organismo puede generar problemas de desarrollo, cáncer, problemas respiratorios, enfermedades gastrointestinales, abortos espontáneos y afectaciones a la salud mental.

A pesar de la problemática, para el 2026, el gobierno peruano solo destinó S/ 13 millones 774 mil 198 soles para la atención exclusiva de los peruanos afectados por metales, es decir, 2 soles por persona. Este es uno de los presupuestos más bajos en los últimos 10 años.

Áncash, Cusco, Puno, Lima, Callao, Junín, Huancavelica, Pasco y son las regiones que en 2026 tienen la ejecución presupuestal más baja respecto al tratamiento de personas afectadas por metales pesados, pese a albergar casos emblemáticos de contaminación como Huarmey, Espinar, Simón Bolívar, Llallimayo, San Mateo, Coata, y La Oroya.

Las poblaciones más vulnerables son niños y mujeres. En 2025 más de 10 niños fallecieron por la contaminación ambiental provocada por la extracción de petróleo, mercurio y cadmio, mientras que 30393 menores continúan esperando la atención del Estado. Quienes se encuentran en riesgo de seguir en la desatención pues el Estado aún no crea el Registro Nacional de Personas Expuestas y Afectadas por Metales, una herramienta clave para la atención preventiva y el monitoreo en salud.

Este 12 de mayo de 2026 se cumple un año del fallecimiento de Zoe Carrión Trujillo, una niña de 12 años de la región Cerro de Pasco que vivió con arsénico y plomo en la sangre debido a la tajo abierto actividad minera en el tajo Raúl Rojas, donde opera la compañía minera Volcan, una de las más sancionadas por las autoridades ambientales.

“Mientras el Estado retrasa las acciones, miles de familias continúan enfermando. Es urgente que se realicen diagnósticos, se registre a los afectados y se garantice una atención integral”, señalaron desde la Plataforma Nacional de Afectadas y Afectados por Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas (Planametox)

 

En tanto, mientras la actividad minera aumenta, la atención a los expuestos a metales se reduce. En 2025, la inversión minera tuvo un incremento de 9 millones de dólares en comparación al 2024 y se espera que para el 2026 ésta siga en ascenso, sin embargo, el presupuesto para atender a las personas afectadas sigue siendo una deuda.