Sistema judicial criminaliza a quienes protestan por sus derechos

Comunidad de Urinsaya:
Contexto
En enero del 2020, la comunidad originaria de Urinsaya, del distrito de Coporaque en
Espinar, se movilizó para denunciar la contaminación ambiental e incumplimiento de
acuerdos firmado con la empresa minera MMG Las Bambas por el uso de su carretera
comunal. La situación se agravó cuando el gobierno emitió la R.M. N.º 054-2019-MTC,
reclasificando la vía comunal a vía nacional sin consulta previa, violando derechos
reconocidos por el Convenio 169 de la OIT.

Bajo ese escenario, la fiscal de Espinar Carmen Rosa Salas Achircana acusó a dos
comuneras y ocho comuneros de Urinsaya por el presunto delito de secuestro tras la
denuncia interpuesta por un trabajador de una empresa de seguridad contratada por la
minera Las Bambas. Algo que no tiene coherencia es que el supuesto agraviado no
conoce a ninguno de los acusados. A pesar de la falta de pruebas y graves irregularidades
en la investigación, como la realización de diligencias sin la presencia del abogado
defensor de los acusados, la Fiscalía ha solicitado penas de hasta 20 años de prisión y
una reparación civil de diez mil soles.

¿Cuál es el estado del juicio oral?
El Ministerio Público desestimó la acreditación de comuneros calificados como medio
probatorio, argumentando que se trata de una prueba impertinente y ajena a los hechos
del caso. Sin embargo, este argumento transgrede lo establecido en el Convenio 169 de
la OIT. Además, en la mayoría de las sesiones, la fiscal de Espinar, Carmen Rosa Salas,
ha solicitado de manera constante al colegiado que las audiencias no sean públicas. Esta
solicitud carece de fundamento legal, ya que contravendría los principios fundamentales
del juicio.
Además, en una de las sesiones, el denunciante afirmó categóricamente que nunca
presentó una denuncia por secuestro. Ante esta situación, surge la interrogante: ¿quién
realmente presentó la denuncia?

¿Qué patrones de criminalización presenta el caso Urinsaya?
En este caso, tiene el patrón de criminalización por participar en la protesta social. La
mayoría de los imputados ocupaban cargos dirigenciales. En muchos casos, el proceso
penal incluye a los familiares de los investigados a pesar que estos no hayan participado
en la protesta social. A menudo, se les asigna un papel que nunca desempeñaron, lo que
genera angustia y afecta la estabilidad emocional, tanto de los familiares como de los
investigados.

¿Quiénes están criminalizados?
Comuneras y comuneros que se auto reconocen como personas defensoras de derechos
humanos y del territorio: Brígida Huamaní Huillca, Matilde Huamaní Ccompi, Gregorio
Zinanyuca Quispe, Jorge Kana Taco, Isaias Kana Huillca, Guillermo Kana Chuma,
Guillermo Hermogenes Quispe Taco, Roger Choqqueccotta Qquehue, Santos Gregorio
Arphi Quise y Abel Kana Quispe
Es importante resaltar que el caso Urinsaya cuenta con cuatro veedurías importantes: Las
Naciones Unidas, la Clínica Jurídica de la Universidad Nacional San Antonio Abad, la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Asociación Interétnica de Desarrollo de la
Selva Peruana (AIDASEP). Es fundamental que el colegiado sea consciente de que este
proceso está siendo monitoreado tanto a nivel nacional como internacional.