El derecho a una universidad de calidad

viernes, 4 noviembre, 2016

El derecho a una universidad de calidad

Por: Pável H. Valer Bellota

Los profesores de las universidades peruanas han declarado una huelga indefinida desde finales de octubre, demandando la defensa de la universidad pública, mayor presupuesto del Estado para las universidades y el aumento de sus haberes al nivel de los magistrados del poder judicial. Todas estas peticiones están dentro de lo previsto por la nueva ley universitaria 30220 –exigen que se cumpla la ley– pero algunas personas las han criticado de manera muy dura, sin un fundamento coherente con la historia de la lucha por el derecho a la educación.

Uno de los más grandes anhelos de los sectores pobres en el Perú ha sido (y es) la educación. A este propósito fueron dedicadas buena parte de las luchas populares del siglo XX.  Casi todo pliego de reclamos de las huelgas, manifestaciones y marchas contenían demandas de creación de alguna escuelita, el aumento de vacantes para la universidad, la implementación con pizarras, carpetas y profesores de los muchos terrenos y locales que las propias comunidades y asociaciones donaron y construyeron para la lograr ese sueño dorado. Y casi siempre la educación fue un derecho desconocido y la escuela un bien escaso.

Fundada la República del Perú, las oligarquías temieron que las clases populares tuvieran acceso a la educación por que podían disputarles sus posiciones de poder, así a principios del siglo XX la mayoría de peruanos no sabían leer ni escribir. Esta realidad empezó a ser contestada desde el reconocimiento de las “comunidades de indígenas” en 1920, y cada vez más la demanda de creación de escuelas, para oponerse a la oscuridad del analfabetismo, fue incorporada como demanda de las luchas campesinas y obreras. El resultado es que a día de hoy la educación se ha difundido y masificado de tal manera que casi todos los pueblos, por más pequeños que sean, tienen acceso a una escuela.

La Universidad fue también sujeto de masificación. Hasta la mitad del siglo XX fue una institución reservada a los sectores dominantes, tenían acceso a la educación universitaria solamente los jóvenes de familias de clase media para arriba. Desde los años 60 las clases populares demandaron que la universidad abriera sus puertas a todos los hijos del pueblo, estas luchas tuvieron eco en la misma universidad que, durante los años 70, y gracias al empuje del movimiento estudiantil, logró hacerse accesible a una porción importante de jóvenes de las clases trabajadoras, de origen indígena y rural.

Esta claro que la dialéctica de la historia de la educación fue impulsada por las demandas de acceso a la escuela, a la universidad y a la formación superior en general. En sus confrontaciones con las oligarquías adueñadas del Estado, los sectores pobres y medios tuvieron éxito: ampliaron con sus luchas el derecho a la educación.

Pero eso fue en el siglo XX, ahora este derecho confronta nuevos peligros. Uno de ellos es la mediatización de la educación universitaria, que fue entendida por los sectores hegemónicos de la sociedad peruana como una concesión, es decir como un bien que es otorgado graciosamente a los ciudadanos, y no como un derecho pleno. Y menos aún como un derecho completo a una educación íntegra de calidad.

Así, la ampliación del acceso a la educación superior solo llegó a los segmentos más acomodados de la sociedad, mientras que en los sectores más necesitados la educación universitaria es aún muy escasa. Y lo peor es que la educación universitaria otorgada es, por lo general, de mala calidad. En una reciente investigación, hecha por Ricardo Cuenca (IEP, 2015), se demuestra que la ampliación de la cobertura educativa sin calidad no tiene sentido y mas bien va en contra de los más pobres por que no cumple con la movilidad social y mejora que la educación promete, además que un egresado de una universidad de mala calidad solo contribuye a incrementar las tasas de subempleo profesional o la informalidad.

Por eso, son coherentes y justas las demandas de los docentes universitarios.  ¿Cómo puede lograrse una educación de calidad si el Estado no provee presupuesto para el cumplimiento de la propia ley 30220? La Asociación de Universidades Peruanas (ANUP) ha informado que el presupuesto del 2017, previsto por el gobierno, pretende reducir  la inversión en la universidad pública en quinientos millones de soles. Con esto se hará más crítica la situación de las universidades del Estado, a las que tienen acceso los sectores vulnerables de nuestra sociedad.

La educación pública debe servir para que los sectores más debilitados puedan salir de la pobreza. Para eso la educación universitaria debe ser de la más alta calidad. Sin embargo, con los salarios actuales en las universidades públicas no es posible lograr este justo objetivo por que sus montos son absurdos: un profesor auxiliar con maestría y cinco años de experiencia percibe por mes 2,008 Soles (590 dólares) y si es contratado puede bajar hasta 1,200 (350 dólares). Con esas sumas ninguna persona con alta formación académica se sentirá atraída a la docencia universitaria para formar al futuro del país.

Sin profesores bien pagados es imposible una educación de calidad. Otra vez las (nuevas) oligarquías temen que los sectores populares egresados de las universidades públicas les disputen sus posiciones de poder.

 

 

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